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Autor(es) Mª MERCEDES LAFUENTE BENACHES
, ISBN:9788491354840.
Editorial Aranzadi
170 páginas, 1ª edición,
En distribución desde noviembre 2016,
INDICE
Precio:
20,00€ (iva incluido)
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Más sobre Dº General Dº Penal
SINOPSIS
Nuestro Ordenamiento debe ofrecer un marco jurídico que proteja debidamente la
consideración que merece el cuerpo humano y, en concreto, su manifestación, el
cadáver. Cuestiones tan importantes como determinar que es el cadáver o quién
puede disponer del mismo implica una toma de posición sobre ciertos
interrogantes: ¿Tiene los fallecidos derechos? ¿Existe un derecho del fallecido
a descansar en paz? Si es así, ¿qué naturaleza tiene y puede cualquier decisión
privada o pública alterar este derecho?, ¿a quién corresponde tutelarlos, a sus
familiares, allegados o la sociedad a la que perteneció? Responder a estas
preguntas complica su resolución porque nos adentra, necesariamente, en el
terreno de los principios y valores más íntimos sobre algo tan trascendente cómo
qué es el hombre una vez fallecido. En un mundo de Derechos donde más allá de
los del individuo se reivindican derechos para otros seres vivos, como los
animales o una especial protección de los hábitats naturales, ¿merece el cadáver
una consideración jurídica menor?
Una cultura de los derechos humanos conlleva necesariamente un respeto al
fallecido. El derecho de todo ser humano a su dignidad no se desvanece por
cuestiones de tiempo. Los años transcurridos desde que la persona estaba viva y
su transformación en cadáver o restos cadavéricos no debe mermar la preservación
de esa dignidad y, en nuestra opinión, el Ordenamiento jurídico debe
comprometerse con ello.
Desde esta premisa afrontamos el estudio de las distintas causas de exhumación
que el Ordenamiento jurídico contempla como legítimas, destacado las
particularidades de cada una de ellas. Existen razones privadas y públicas para
exhumar a un cadáver y un común denominador en todas ellas: una autorización
administrativa que compatibilice la acción material de exhumar con la sujeción
de esta actividad a los presupuestos y condiciones que garanticen la adopción de
las medidas higiénicas sanitarias precisas. La regulación del procedimiento
previo a la autorización de exhumación merece un análisis destacado. Sobresalen
tres cuestiones: en la fase de inicio, quiénes pueden solicitar la exhumación,
en la fase de instrucción el alcance de las distintas autorizaciones o permisos
en razón de la materia en que recae la exhumación y por último, los posibles
perjuicios, principalmente de naturaleza moral, que con ocasión del
procedimiento y de la decisión adoptada en el mismo puedan ocasionarse y que
corresponde satisfacer a la Administración.
La exhumación trasciende lo que es la práctica cementerial o incluso la práctica
penal ya que hoy no solo se exhuma a un cadáver para disponer de él por la
familia o por la Administración cuando lo requiere el interés público, o en el
curso de una investigación penal. La exhumación es, además, una actividad
instrumental, previa e incuestionable para tutelar derechos tales como la
dignidad del fallecido en el contexto del procedimiento para la recuperación de
la Memoria histórica, el derecho de filiación, el derecho a la investigación
científica, la recuperación del patrimonio histórico o la libertad de culto.
Curiosamente la decisión de exhumar o la negativa a hacerlo puede ser, según los
casos, como se expone en el trabajo, el origen de la lesión de estos derechos o,
contrariamente, su mejor garantía.
Se realiza también un estudio cronológico de la tipificación legal de la
exhumación como practica antijurídica cuando con la misma se lesionan bienes
protegidos por el Ordenamiento jurídico, bienes que han ido cambiando con el
trascurso del tiempo atendiendo a los valores predominantes en cada periodo
histórico, lo que también ha determinado su consideración como delito o falta.
En la misma dirección de defensa que merece el difunto, destaca la preocupación
por la conservación del cadáver o de los restos cadavéricos localizados en las
exhumaciones a través del empleo de la técnica arqueológica en la medida que
ésta puede transformar su consideración jurídica, afrontando la necesidad de
adoptar en ese reclamado marco jurídico para el cuerpo humano y, concretamente,
para el cadáver una regulación que lo proteja adecuadamente, muy especialmente,
cuando pasa a formar parte de un museo. En estos casos, hay que reforzar, más si
cabe, el respeto que merece el fallecido y compatibilizar su exhibición con los
sentimientos de las comunidades de referencia a las que el cadáver o sus restos
pertenecieron, en caso de existir descendientes de las mismas.
474 páginas, 1ª edición,
julio 2011, autor(es): David Rafael Guinea Fernández
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