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TODO RENTA 2021 | MEMENTO IRPF 2021 Descuento y entrega en mano 24 h. gratis |
Autor(es) Juan Alberto Díaz López
, ISBN:9788417544690.
Editorial Francis Lefebvre
118 páginas, 1ª edición,
En distribución desde marzo 2019,
INDICE
Precio:
34,32€ (iva incluido)
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Desde un punto de vista práctico, el aseguramiento de las posibles
responsabilidades pecuniarias dimanantes de la comisión de cualquier delito
exige un notable esfuerzo por parte de todos los operadores jurídicos que
intervienen en el proceso penal, del mismo modo que estas medidas cautelares
reales suponen una especialmente gravosa carga para todo investigado, pues en no
pocos casos las padecerá quien finalmente resulte absuelto.
El régimen -que denominaremos en adelante “general”- de fianzas y embargos
encaminado a asegurar la eventual condena al pago de dichas responsabilidades
pecuniarias se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr
art.589 s.) – LECr art.764, respecto del procedimiento abreviado- y,
supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Conforme a este régimen general, como es sabido, desde el momento en el que
existen indicios de criminalidad contra una persona –o indicios de
responsabilidad civil de un tercero (LECr art.615 s.), en este caso a
instancia del perjudicado-, durante la propia fase de instrucción, el juez puede
mandar de oficio o a instancia de parte que se preste fianza para asegurar sus
responsabilidades pecuniarias, decretando el embargo para cubrirlas si no se
presta; y pudiendo ampliarse o reducirse la fianza o embargo si “durante el
curso del juicio” resultan motivos para creer que la cantidad ya asegurada es
insuficiente o excesiva.
Por lo que respecta a esta cantidad a afianzar, fija la LECrim que ha de ser el
importe probable de responsabilidades pecuniarias incrementado al menos en un
tercio.
La adopción de estas medidas en el concreto ámbito de procedimientos incoados
por la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda Pública no revestía
mayores dificultades prácticas o teóricas, que no son pocas, que las que suponía
la comisión de cualquier otro delito (dejando a salvo algunas dificultades
adicionales derivadas de la llamada “teoría de la transmutación del título”,
sobre lo cual volveremos).
Así, podía y puede actualmente un juez, de oficio o a solicitud de alguna de las
partes personadas en el proceso, acordar el aseguramiento de las posibles
responsabilidades pecuniarias dimanantes de un indiciario delito contra la
Hacienda Pública conforme a estos parámetros generales, del mismo modo que no
procede dicho afianzamiento si, por ejemplo, no concurren indicios de
criminalidad suficientes frente a esa persona. Así, respecto de un delito contra
la Hacienda Pública y conforme a este “régimen general”, véase por todas el AP
Barcelona auto, Sección 5ª, 2-6-14.
118 páginas, 1ª edición,
noviembre 2019, autor(es): EFL
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