El presente libro empezó a gestarse hace ya algunos años, más de los inicialmente previstos y deseados. Tuvo como punto de partida un Proyecto de Investigación que concedió el Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía al Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería. Mi contribución al trabajo colectivo resultante constituye la base fundamental de la primera parte de este libro, aunque lógicamente haya sido completada y depurada con ocasión del mismo. La posterior dilación se debe, entre otros factores, al desempeño durante estos últimos años —de azarosa adaptación a «Bolonia»— de un cargo de gestión en la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería. Por encima de las reuniones, las discrepancias —internas y externas— y las interminables horas de «dedicación académica», me quedo con la magnífica e inolvidable relación trabada con mis compañeros del Decanato, de cuya generosa disposición dejo ahora constancia formalmente.
Para la culminación y publicación del libro ha sido también decisiva la función de apoyo, estímulo y orientación del profesor Iñigo del Guayo Castiella, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, a quién agradezco, además, la amabilidad de redactar el prólogo del mismo.
La obra ve la luz, finalmente, en el marco del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía SEJ-200, de la Fundación de Estudios de Regulación y del recientemente creado Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación de la Universidad de Almería.
Una última y necesaria observación final, de carácter ya sustantivo.
Los orígenes de este estudio se remontan al momento de la aprobación del primer Estatuto de Autonomía del siglo XXI, el Estatuto catalán, sobre el que, por cierto, acaba de recaer finalmente, y tras cuatro años de espera, Sentencia el día 28 de junio de 2010. Con el mismo se inoculó en el sistema territorial español la «fiebre de la reforma estatutaria», cuyas mutaciones, reacciones y secuelas aún perviven. Culminando el libro, acaba de rechazarse en sede parlamentaria el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, entre otras objeciones, por la conflictiva y espinosa cuestión de la ordenación autonómica de las aguas. La cuestión, por tanto, no está ni mucho menos cerrada. El modesto objetivo de sistematización general del proceso de reforma, y sus consecuencias sobre el poliédrico tema del agua y la ordenación del territorio, pretendido con este estudio, puede que sólo sea, así, un episodio o contribución adicional a una dinámica necesariamente oscilante y de complicada articulación institucional. Se pretende, por tanto, más que avanzar soluciones definitivas o proponer conclusiones, plantear críticamente algunas de las cuestiones más conflictivas que han ido surgiendo en estos últimos años a propósito de la llamada «regionalización del agua». Y este carácter abierto, en cierta forma desarticulado, del de">
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