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Autor(es) Sanz y Escartín, Eduardo
, ISBN:9788498366495.
Editorial Comares
220 páginas, 1ª edición,
En distribución desde febrero 2010,
INDICE
Precio:
25,00€ (iva incluido)
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Más sobre Dº General
Eduardo Sanz y Escartín (Pamplona, enero de 1855- 28 de mayo de 1939, San Sebastián). Estudio en Francia la segunda enseñanza de 1865 a 1867, y en el Instituto de Pamplona terminó el bachillerato. Cursó la carrera de Filosofía y Letras y de Derecho en la Universidad de Zaragoza y Madrid, obteniendo el premio extraordinario de doctorado en la primera de dichas Facultades. Fue licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y en Derecho por la Universidad Central de Madrid. Sería catedrático de economía. En 1884 ingresa en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Alcanzaría la condición de Secretario perpetuo de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue miembro del Partido Conservador y nombrado gobernador civil de Granada y posteriormente de Barcelona. Conde de Lizárraga. Sería senador en representación de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas entre 1903 y 1923; en 1927 paso al Congreso como representante por derecho propio 2. Fue presidente del Instituto Nacional de Sociología. Estuvo especialmente vinculado con la institucionalización de la reforma social en España, poniendo en práctica su pensamiento reformista conservador. Así, fue nombrado Presidente del Instituto de Reformas Sociales (IRS). De ahí que estuviera especialmente dedicado a los estudios políticos y sociales –incluso específicamente sociológicos–. Fue Gobernador del Banco de España entre 1919 y 1921. También sería el segundo Ministro de Trabajo (el primero fue Carlos Cañal y Migolla, 8 de mayo de 1920 a 13 de marzo de 1921) entre el 13 de marzo y el 14 de agosto de 1921 durante el gabinete presidido por Manuel Allendesalazar y Muñoz de Salazar (1856-1923). En el año 1927 sería designado para formar parte de la Asamblea Nacional durante la dictadura de Primo Rivera, en la Sección de «Régimen de la propiedad y uso». Lo que reflejó, por entonces, su deriva hacia un conservadurismo más de tipo conservador autoritario. El contexto había cambiado, pues con la crisis de la razón ilustrada emergen ideologías políticas autoritarias y de carácter corporativo 3. Al tiempo quedaría vinculado con las fuerzas conservadoras contrarias a la II República 4.
En términos de conjunto, Ángel Marvaud había identificado en España un triple movimiento de corrientes principales de reforma social, con tendencias distintas, pero respondiendo hasta un cierto punto a un objetivo común en esa lógica reformista: el movimiento socialista, el movimiento estatista o intervencionista y el movimiento católico social. Constataba que los católicos sociales y los socialistas se acercaban en la realización de reformas y en el rechazo del espíritu individualista de la Revolución Francesa, y preconizando la agrupación de los trabajadores, sea bajo la forma de las antiguas Corporaciones renovadas, o bien bajo la forma de los sindicatos 5. Unos y otros defendían, al mismo tiempo, la intervención del Estado. Pero, entiende, que no se debe llevar más lejos la analogía, pues aunque ambos tienen como objetivo la mejora de la situación de la clase trabajadora, católicos sociales y socialistas obedecen, lógicamente, a un ideal distinto: las primeros quieren realizar la transformación de toda la sociedad sobre la base del ideal cristiano, siendo muy extendida la opinión de que los sindicatos deberían de ser confesionales; los segundos, luchan por el ideal marxista de una sociedad colectivista. De manera que el conflicto ideológico entre ellas estaba servicio. De ahí que el Estado no debiera descuidar su deber de realizar una política activa de intervención que busque satisfacer las aspiraciones de las dos tendencias precedentes cuando concuerden entre sí y con el interés general, pero que las contrarresten, por el contrario, y las opongan mutuamente cuando corran el peligro de desviar su propaganda y su acción en provecho exclusivo de sus ideas particulares, confesionales o dogmáticas, reaccionarias o revolucionarias. Pero el Estado ha de fomentar las asociaciones, que reivindican las dos tendencias y que constituyen una reacción contra el espíritu individualista. El derecho de asociación complementa a la política de intervención directa. Sin embargo, se hacía necesario realizar antes una reforma de la sociedad, porque el Estado ha de comenzar por reformarse a sí mismo 6. La idea subyacente al reformismo social –incluido el conservador– es la de reconducir en términos racionalizadores –de racionalización jurídica e institucional– los conflictos buscando cauces alternativos a sus expresiones más violentas y «disgregadoras». En particular, para el reformismo conservador, las políticas de racionalización e institucionalización de los conflictos de clases son una alternativa a la «guerra de clases» (al conflicto abierto).
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