Antes de nada, reflejar nuestra satisfacción por las felicitaciones recibidas con motivo del número cien de la Revista Jurídica Militar. Nos trasladan aliento, cariño y apoyo y son inestimable acicate para continuar con renovados bríos. Un fuerte abrazo a todos y gracias por la benevolencia que nos transmiten lectores y amigos.
Continúa la tramitación parlamentaria de la nueva Ley Orgánica de Régimen Disciplinario, que tan buena acogida ha merecido en el mundo castrense, jurídico o no, por sus aciertos técnicos. Igual valoración merece el Anteproyecto de Código Penal Militar, sin duda un magnífico texto al que se incorporan diversas mejoras de calado, fruto de los cambios evidentes que se han producido desde 1985, data del Código vigente, sobre todo en lo relativo a la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la creciente importancia de las misiones internacionales y las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario. Además, en consonancia con lo que la mejor dogmática ha propugnado todo este tiempo, concibe el delito militar no sólo como ilícito que como tal se tipifique, también abarcando aquéllas conductas que vulneren bienes jurídicos militares previstos en la ley penal común, atendiendo siempre a la condición militar del autor y su afectación al ámbito castrense. En suma, satisfactorias noticias, a las que cabe aparejar el que, al parecer, está en vías de solución cuanto advertía el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el número anterior, en relación con el Borrador de Ley Orgánica del Poder Judicial.
Distinta consideración merece el corsé presupuestario con que deberán lidiar nuestras Fuerzas Armadas el año próximo. Continuará la restricción extrema, con limitación en programas esenciales, carencias en adiestramiento y disminución de efectivos. Se generan efectos, sobre todo, en una doble vertiente, en cuanto resulta perjudicada nuestra industria de defensa, abocada a una situación crítica, y asímismo la propia seguridad de España. Y ahí no es dable bajar la guardia, dadas las amenazas que nuestra situación geoestratégica conlleva, por su proximidad al arco Medio Oriente-Magreb y al cinturón subsahariano, regiones con un alto grado de inestabilidad. No se olviden tampoco los crecientes peligros que procura el ciberespacio, la cada vez mayor imbricación de la defensa en el plano más genérico de la seguridad (vigilancia marítima y aérea, crimen organizado transnacional, inmigración ilegal, FRONTEX...) y, por supuesto, la exigencia de rigor y fiabilidad en la proyección de fuerzas en el exterior.
Viene a cuento recordar que, ya en octubre de 2007, la Armada, el Cuerpo de Marines y el Coast Guard de los EEUU elaboraron un documento ("A Cooperativ Strategy 21st Century Sea Power") que apunta a una primacía, en el interés de la potencia dominante, de los océanos Índico y Pacífico occidental, que "serán los primeros entre iguales en importancia estratégica", así como a la "seguridad colectiva" como criterio prevalente. Se atisba una Armada norteamericana más reducida, que habrá de operar de consuno con sus aliados regionales, pero sobre todo desde África hasta Asia nororiental. Las consecuencias para Europa en general y para España en particular son evidentes, con la necesidad derivada de incremento de capacidades militares en áreas antes cubiertas por el hasta ahora "hegemón", tanto para afrontar intereses regionales inmediatos como para posibilitar la actividad colaborativa o cooperativa que, en un escenario cada vez más interconectado y globalizado, será objeto de requerimientos frecuentes. Añádase, al margen de conocidas y crecientes amenazas asimétricas, que nuevos actores muestran su tarjeta de visita, con capacidades en expansión y conceptos estratégicos no siempre contenidos o escrupulosos.