Terminaba Choque de civilizaciones, de SAMUEL HUNTINGTON, dibujando el panorama en el que podría fraguarse la III Guerra Mundial y, curiosamente, establecía su detonante en un conflicto surgido en en el mar de China, muy parecido a la disputa reciente entre China y Japón por las islas Senkaku y la declaración unilateral de una zona de control aéreo chino. Parece que todo ha quedado en un mero tanteo, quizá para consumo interno, pero los hechos revelan la complicada encrucijada de intereses en la región, que en la deriva estratégica de los EEUU puede ser un dato más a favor de corriente, en la línea que sugeríamos en un número anterior.
Iniciamos el 2014 con un déjà vu, la misma preocupación por los recortes presupuestarios en defensa que el pasado año. Las perspectivas no parecen halagüeñas y las exigencias no van a disminuir, véase, a título de ejemplo, la participación, aunque sea muy limitada, en la operación de pacificación en la República Centroafricana. Por otra parte, las amplias y genéricas Estrategia de Ciberseguridad Nacional y Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, aprobadas recientemente por el Consejo de Seguridad Nacional, a duras penas obtendrán adecuado respaldo en los recursos realmente disponibles.
Por cierto, y ya que aludimos al Consejo de Seguridad Nacional, el día 11 de diciembre se cumplieron los seis meses que la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en mayo de 2013, estableció para que se elevara propuesta de anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional al Consejo de Ministros. Parece que se avanza en la elaboración de un borrador, que no estaría de más colmara el preocupante vacío legal en materia de movilización nacional. Todo apunta a que en la parte dedicada a defensa se incluirá un mandato para regular la materia en norma posterior -más retrasos ad calendas graecas-, con una nomenclatura acomodada, se dice, a los imperativos de la corrección política.
Ya pasada la Navidad, nuestros mejores deseos en el 2014 para todos. Un año en el que aguardan importantes novedades en el marco jurídico de nuestro interés preferente, en el que confiemos se atemperen los efectos de la crisis económica y se difuminen o conjuren los retos institucionales en ciernes. |