¿Qué significa lawfare? JOHN CARLSON Y NEVILLE YEOMANS, profesores australianos, acuñaron el término en 1975, apuntando a la deriva de la guerra armada a la guerra de las palabras. Pero no es hasta 2001 cuando adquiere cierta notoriedad y difusión a raíz de un documento de la Universidad de Harvard, elaborado por el general del Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire norteamericano CHARLES J. DUNLAP (“Law and Military Interventions Preserving Humanitarian Values in 21st Century Conflicts”), aludiendo a la tergiversación de la legalidad por parte de los talibanes con fines bélicos. Algo parecido a lo que, en 1999, los coroneles chinos QUIAO LIANG y WANG XIANGSUI denominaron “guerra del Derecho Internacional”. Muy en resumen, la unión de law (ley) y warfare (guerra) apunta a la utilización del Derecho como arma. Guerra jurídica, en suma.
Si bien la noción surge en el mundo de las relaciones internacionales, donde existen ejemplos significativos tales como la disputa jurídica sobre el Mar de China o los constructos jurídicos elaborados por Rusia para justificar sus acciones en Georgia y Ucrania, lo cierto es que su operatividad también es palpable en ámbitos internos, cuando los enemigos de un determinado ordenamiento jurídico utilizan resortes y recursos legales de éste para dinamitarlo o, como poco, entorpecerlo.
Ejemplos de ese lawfare nacional los podemos encontrar en la sistemática denuncia de torturas en caso de detención de elementos de organizaciones terroristas, en el uso de artimañas procesales para dilatar trámites u obtener repercusión mediática, en la connivencia entre operadores jurídicos y facciones políticas para justificar acciones de diversa índole, en la promoción artificial de procedimientos que, a sabiendas de su escaso o nulo recorrido, contribuyan a crear un clima social propicio, etc.
Pero, bajo ningún concepto, sería lawfare un natural y ordinario desenvolvimiento de las instituciones cuando hacen frente a retos de todo tipo, incluidos los sistémicos, por muy complejos o relevantes sean. Por eso cabe calificar, como poco, de torticeras cuantas atribuciones de ese jaez se hagan en relación con el ordinario ejercicio jurisdiccional interpretando y aplicando las leyes vigentes. Y es que eso, claramente, forma parte del auténtico lawfare, el que se despliega contra las bases esenciales del ordenamiento constitucional y la incolumnidad de la nación española.
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