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El Derecho inglés en vigor antes del 24 de junio de 2004 preveía dos vías de recurso que permitían la recuperación de los impuestos recaudados con infracción del Derecho de la Unión. La primera vía de recurso, la «acción Woolwich», constituía una acción para obtener la devolución de los impuestos recaudados ilegalmente que prescribía en un plazo de seis años a partir de la fecha de pago del impuesto. La segunda vía de recurso, la «acción Kleinwort Benson», permitía la devolución de importes abonados a raíz de un error de Derecho. El plazo de prescripción de este segundo recurso era de seis años a partir de la fecha en la que el demandante descubrió el error de Derecho o hubiese podido descubrirlo con una diligencia razonable.
Mediante una Ley adoptada el 24 de junio de 2004, el legislador nacional decidió que el plazo de prescripción de la «acción Kleinwort Benson» no se aplicaría a errores de Derecho relativos a materias tributarias que fueran competencia de los Commissioners of Inland Revenue. Esta nueva norma se aplicaba con carácter retroactivo a las acciones ejercitadas a partir del 8 de septiembre de 2003, fecha en la que el Gobierno del Reino Unido había anunciado su propuesta de adopción de dicha Ley.
Mediante sentencia dictada el 8 de marzo de 2001, el Tribunal de Justicia declaró que algunos aspectos del régimen de pago a cuenta del impuesto sobre sociedades «advance corporation tax» (ACT), aplicado en el Reino Unido entre 1973 y 1999, eran incompatibles con la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.
A raíz de dicha sentencia, el grupo multinacional Aegis, que opera en el ámbito de los medios de comunicación y la comunicación digital, interpuso, el 8 de septiembre de 2003, un recurso para obtener la devolución mediante la «acción Kleinwort Benson» con la que reclamaba los importes del ACT indebidamente pagados durante el período comprendido entre 1973 y 1999. El plazo de prescripción aplicable a este recurso comenzaba a partir del 8 de marzo de 2001, día en que el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la compatibilidad del Régimen ACT con el Derecho de la Unión.
Dado que la aplicación retroactiva de la Ley de 24 de junio de 2004 privó a Aegis de la posibilidad de interponer un recurso para obtener la devolución al amparo de una «acción Kleinwort Benson», el grupo acudió a los tribunales del Reino Unido, alegando que su exclusión, sin previo aviso y con carácter retroactivo, de las normas de prescripción más favorables de tal acción era contraria a varios principios del Derecho de la Unión.
En este contexto, la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido) pregunta al Tribunal de Justicia si los principios de efectividad, seguridad jurídica y protección de la confianza legítima previstos por el Derecho de la Unión se oponen a la eliminación sin previo aviso y con carácter retroactivo de la «acción Kleinwort Benson».
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara, en primer lugar, que el plazo de prescripción de seis años fijado para la «acción Woolwich» que corre a partir de la fecha del pago de los impuestos indebidos, es, en sí, compatible con el principio de efectividad, que prohíbe la aplicación de normas nacionales que hagan imposible o excesivamente difícil la devolución de impuestos recaudados con infracción del Derecho de la Unión.
Más adelante, el Tribunal recuerda que este principio tampoco se opone, a priori, a la aplicación retroactiva de un nuevo plazo para ejercitar la acción más breve que el plazo anteriormente aplicable, en la medida en que afecta a las acciones de devolución de impuestos aún no entabladas en el momento de la entrada en vigor del nuevo plazo, pero que se refieren a cantidades pagadas cuando el antiguo plazo era aplicable.
No obstante, las nuevas normas nacionales deben contener un régimen transitorio que permita a los justiciables disponer de un plazo suficiente, después de su adopción, para poder presentar las demandas de devolución que podían presentar al amparo de la anterior normativa. Un régimen transitorio de esta índole es necesario, puesto que la aplicación inmediata a dichas demandas de un plazo de prescripción más corto que el vigente con anterioridad produciría el efecto de privar retroactivamente a algunos justiciables de su derecho a la devolución o de dejarles únicamente un plazo demasiado corto para ejercitar ese derecho.
Por consiguiente, el principio de efectividad se opone a una normativa nacional que reduce, con efecto retroactivo y sin régimen transitorio, el plazo para solicitar la devolución de las cantidades pagadas infringiendo el Derecho de la Unión.
A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que el hecho de que los contribuyentes dispongan de dos vías de recurso para recuperar el impuesto ilegalmente recaudado no neutraliza necesariamente las consecuencias negativas de la eliminación de una de estas vías de recurso.
Por último, por las mismas razones, el Tribunal de Justicia declara que la normativa inglesa vulnera también los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.
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