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El uso del italiano es obligatorio ante los tribunales civiles italianos. Todo acto redactado en cualquier otra lengua estará viciado de nulidad. No obstante, existe una excepción en lo que atañe a los tribunales radicados en la provincia de Bolzano: los ciudadanos italianos que residen en esta provincia tienen la facultad de utilizar el alemán. La finalidad de tal excepción es proteger a la minoría étnico-cultural de habla alemana de la provincia de Bolzano.
El Landesgericht Bozen (tribunal provincial de Bolzano) pide al Tribunal de Justicia que dilucide si el Derecho de la Unión se opone a que la facultad de utilizar el alemán ante los tribunales de la provincia de Bolzano quede reservada exclusivamente para los ciudadanos italianos que residan en esta provincia. En el presente asunto, una esquiadora alemana resultó herida en una pista localizada en la provincia de Bolzano y reclama una indemnización de daños y perjuicios a una esquiadora checa, a la que acusa de haber provocado el accidente. Teniendo en cuenta que tanto el escrito de demanda como el escrito de contestación a la demanda están redactados en alemán, el Landesgericht Bolzano debería declarar nulos dichos actos procesales en virtud de la legislación italiana. Sin embargo, dicho tribunal alberga dudas en cuanto a la compatibilidad de tal nulidad con el Derecho de la Unión.
Mediante la sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia responde que el Derecho de la Unión (y, más concretamente, la prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad y la libre circulación garantizada a los ciudadanos de la Unión) se opone a una normativa nacional que, en los procedimientos civiles sustanciados ante los tribunales radicados en una determinada circunscripción territorial de un Estado miembro, reconoce el derecho a utilizar una lengua distinta de la lengua oficial de dicho Estado exclusivamente a sus nacionales que residen en esa misma circunscripción territorial.
El Tribunal de Justicia recuerda que ya respondió a esta cuestión en sentido afirmativo con ocasión de procedimientos penales sustanciados ante los tribunales de la provincia de Bolzano. Según el Tribunal de Justicia, las consideraciones que llevaron a tal respuesta afirmativa resultan aplicables a todo procedimiento judicial ventilado en la circunscripción territorial de que se trate, incluidos los procedimientos civiles.
Ninguno de los argumentos expuestos por el Gobierno italiano en el presente asunto puede justificar la normativa controvertida. En cuanto al argumento de que se alargaría el procedimiento si los ciudadanos de la Unión pudieran utilizar el alemán, el Tribunal de Justicia observa que, según la información facilitada por el Landesgericht Bozen, los jueces de la provincia de Bolzano son plenamente capaces de sustanciar los procesos judiciales indistintamente en italiano o en alemán, o en ambos idiomas a la vez. En lo que atañe al coste adicional que supondría para Italia aplicar el mencionado régimen lingüístico a los ciudadanos de la Unión, el Tribunal de Justicia recuerda que los motivos de carácter meramente económico no pueden justificar una restricción a una libertad fundamental garantizada por el Derecho de la Unión.
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