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El recurrente solicita amparo respecto de la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de fecha de 16 de mayo de 2012, que estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, casando y anulando la Sentencia de instancia, únicamente en lo que se refiere a la cuantía debida en concepto de responsabilidad civil y que reduce a la suma de 1.808.563,49 €. Impugna, igualmente, el Auto del mismo órgano judicial, de 9 de octubre de 2012, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones.
Como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho de esta Sentencia, la demanda contiene una pluralidad de quejas. Para darles cumplida y sistemática respuesta procederemos a ordenar y agrupar las mismas en función, no de las concretas partidas indemnizatorias reducidas o suprimidas por la resolución impugnada —que es el criterio utilizado por el demandante—, sino del derecho fundamental implicado y del modo en que el órgano judicial lo habría vulnerado. Siguiendo esta pauta sistemática, la Sala Quinta del Tribunal Supremo habría vulnerado:
a) El derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE), por intervenir en el proceso un Magistrado que, en el procedimiento disciplinario, actuó como Letrado asesor jurídico jefe de la Dirección General de la Guardia Civil;
b) el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por incurrir en error patente al haber empleado el sistema legal de valoración incluido en el anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004 (texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y ciclomotores) fuera de su estricto ámbito de aplicación.
c) el derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), porque en casos similares ha excluido la utilización del baremo como parámetro de control casacional de las indemnizaciones fijadas por el órgano judicial de instancia y por reconocer la posibilidad de reparar el lucro cesante, incluso en casación, mediante las reglas del sistema legal de valoración.
d) el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho fundamental a la integridad física (art. 15 CE), por el modo en que ha aplicado el señalado baremo. Aplicación que está lastrada de interpretaciones arbitrarias y manifiestamente irrazonables, así como por incurrir en errores fácticos patentes que han conducido al órgano judicial a entender injustificadamente que el baremo imponía la supresión o reducción de varias partidas indemnizatorias.
e) el derecho fundamental a una resolución judicial congruente con las pretensiones de las partes (art. 24.1 CE), por dejar de resolver la petición del otorgamiento subsidiario de una pensión vitalicia (incongruencia ex silentio) y eliminar partidas indemnizatorias reconocidas por la Sentencia de instancia sin que fuesen impugnadas por el Abogado del Estado (incongruencia extra petita).
El Constitucional desestima el amparo.
[TC]
Incluye suscripción autor(es): Director: José Alberto Fernández Rodera. Magistrado TS
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