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La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar la retribución que, a efectos de fijar las consecuencias indemnizatorias del despido, corresponden a una trabajadora formalmente sometida a un contrato administrativo, luego declarado de carácter o naturaleza laboral en la propia sentencia ahora impugnada.
La demandante ha venido prestando ininterrumpidamente sus servicios para la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), desde el año 2005 hasta el 31 de marzo de 2012, mediante sucesivos contratos administrativos de obra menor. Realizaba su trabajo en las dependencias de la AEPD, disponiendo de un despacho con su nombre y apellidos en la puerta, y aportando dicha entidad todos los instrumentos necesarios para su ejecución. La actora estaba sometida a la misma jornada y horario que el resto del personal de la Agencia, ocupando un puesto de trabajo funcionarial y desempeñando sus cometidos de forma análoga a la de los empleados públicos. Realizaba las funciones detalladas
Reclamó judicialmente por lo que consideró un despido y obtuvo sentencia del Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid que, al estimar su demanda y considerar la concurrencia de fraude en la contratación administrativa por tratarse realmente de un vínculo laboral indefinido, lo calificó como improcedente y condenó a la Agencia a que, a opción de la empleadora, la readmitiera o indemnizara en la suma de 20.191,63 euros, calculada a razón de 45 días de salario por año de servicio desde la fecha de inicio de la relación (1-4-2005) hasta el 12-2-2012 y desde esta última fecha hasta el día del despido (2-4-2012) a razón de 33 días por año.
Recurrida en suplicación la precitada sentencia por la propia actora a fin de que se modificara el salario computable para cuantificar la indemnización y los eventuales salarios de trámite, la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, en la resolución que es ahora objeto del presente recurso de casación unificadora ( STSJ 10-3-2014, R. 1460/13 ), lo estimó en parte y rectificó la indemnización, sustituyéndola por la de 29.068,30 euros que, como la Sala madrileña explica en el FJ 2º de su resolución, obedece "a lo facturado por la trabajadora, en idéntica cuantía mensual, que en el presente caso asciende a 2.824,86 euros mensuales (folios 319 a 322)" y que, según afirma, "operaría como supuesto excepcional a tal forma de cálculo del salario, si la cantidad percibida fuese inferior a la regulada en la norma convencional aplicable a la actividad desempeñada en la empresa, que, de ser así, debería de servir para calcular el módulo salarial. El criterio referido [concluye] es coherente y no pugna con la declaración como laboral del contrato, que despliega todos sus efectos, condiciones y circunstancias inherentes al mismo, también el referido al salario, que así ha de calificarse el que la actora percibía en el momento en que fue despedida, aunque lo fuera mediante la emisión de facturas del mismo importe".
El Supremo estima el recurso de la AEPD y repone la solución de la Instancia.
[TS] [Social]
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