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En el escrito de interposición del recurso se denuncia, en primer lugar, la vulneración de los principios de reserva de ley, con infracción de los arts. 18.4, 53.1 y 105.b) de la Constitución, alegando que el RD 1110/2015 regula, sin la necesaria cobertura legal, una durísima medida restrictiva del derecho fundamental a la intimidad y a la protección de sus datos personales, por la forma y tiempo que se mantiene la inclusión de los datos en dicho Registro, con el efecto de imposibilitar el acceso a determinadas profesiones, funciones o cargos. Entiende que el principio de reserva de ley del art. 53.1 CE no admite la delegación por el legislador en el ejecutivo el establecimiento de las condiciones de admisibilidad y requisitos de ejecución de las injerencias estatales en el ámbito de tutela constitucional, a través de la deslegalización. Que el art. 18.1 CE tampoco consiente la deslegalización de la normativa de creación del registro destinado a albergar la identificación y otra información sobre personas condenadas por ciertos delitos, dejando a criterio del Ejecutivo factores tan importantes como el temporal, del que depende la posibilidad de ejercer cualquier profesión o actividad con contacto con menores. Señala que la insuficiencia legal de la DA 17ª de la Ley 26/2015 no se satisface con la referencia a la LO 1/1996 o la Directiva correspondiente. Añade la infracción del art. 105.b) CE en cuanto a la reserva de ley sobre el acceso - en este caso certificación negativa- a la información de los registros.
En segundo lugar denuncia la infracción del principio de proporcionalidad, arts. 1.1, 10.1, 18.4 y 25.1.CE, considerando que el régimen de inscripción registral establecido en el RD 1110/20015 resulta inapropiado por su extensión subjetiva por el elenco de delitos que establece y en especial por la desmesura del plazo de duración de la inscripción; que se infringe el principio de necesidad en cuanto son posibles alternativas menos gravosas, como las medidas de vigilancia de las personas registradas; y que se infringe el principio de proporcionalidad porque el interés estatal no es preponderante respecto de los derechos e intereses individuales sacrificados por la medida.
En tercer lugar se denuncia la infracción del principio de reinserción, art. 25 CE, considerando que la medida impuesta sobre el ejercicio de profesiones y actividades relacionadas con menores tiene carácter punitivo, y la duración de la misma, prácticamente de por vida, vulnera el principio de reinserción.
Finalmente se alega la vulneración del principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y restrictivas de derechos individuales, arts. 9.3 y 25.1 CE, partiendo de su criterio sobre la naturaleza punitiva de la inclusión de los datos en el RCDS.
El Supremo desestima el recurso.
[TS] [Contencioso-Advo]
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